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Acerca del Tribunal de Justicia Administrativa

Acerca del Tribunal de Justicia Administrativa

Derivado de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como finalidad prever un nuevo modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos de asignación de responsabilidades basados en certeza, estabilidad y ética pública, con procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a cabo; se reformó de manera integral la Constitución Política local, mediante Decreto número 044, de fecha 29 de diciembre del año 2016, misma que se armoniza con la reforma Constitucional Federal, esto con la finalidad de establecer el Sistema Anticorrupción en el Estado, contribuyendo con ello no solo al orden legal federal, sino también al internacional, fomentando la protección a la legalidad y transparencia a que tienen derecho las y los chiapanecos, en áreas de contribuir con el Estado de Derecho que debe imperar.

Es así que en el Estado, fue creado el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, como la instancia de coordinación entre todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, asi como para la fiscalización y control de recursos públicos.

Como parte del Sistema de anticorrupción del Estado se instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, dotado de plena autonomía, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones, y será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determine la Constitución Local.

El Tribunal habrá de contar con una Sala General, compuesta de tres magistrados, de los cuales uno será su Presidente, funcionará en Pleno, ejerciendo funciones jurisdiccionales, competente para conocer de los juicios que deriven de diversos actos administrativos y especializada en materia de responsabilidades administrativas y corrupción, con funcionarios altamente capacitados y autonomía de gestión para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, personalidad jurídica y patrimonio propio.

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